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Para nadie es un secreto que el patrimonio arquitectónico y monumental de Castilla y León excede en cantidad y exigencias a cualquier presupuesto que se le quiera dedicar por parte de las instituciones y entidades encargadas de su custodia; es natural, por tanto, que, a pesar del esfuerzo realizado, abunden las ruinas y predomine la imagen, tan gráfica y tan nuestra, de que quienes vetan por ese tesoro común tienen que «desnudar a unos santos para vestir a otros» con más frecuencia de la deseada. Pese a estas dificultades, que aceptamos y reconocemos de entrada, observamos, sin embargo, una terrible laguna en el terreno de las normativas: se precisan unas leyes que amparen técnicamente a quienes deben decidir en pequeños municipios acerca del futuro de fachadas, edificios y construcciones auxiliares que -si no alcanzan la categoría de históricos o artísticos-, sí componen o han compuesto durante siglos un todo armónico, creando un conjunto y definiendo estilísticamente las distintas poblaciones de cada comarca o región. Sin unos preceptos serios, rigurosos y de estricto cumplimiento, se prima la actuación insolidaria y de compadreo que genera la consiguiente infracción en cadena («si lo hace Fulano no voy a ser yo menos») y contribuye a fomentar la desilusión o la desesperanza en quienes todavía creen que el esfuerzo individual es la base para un correcto comportamiento común.
Alzamos la voz, aún conscientes del carácter exclusivamente testimonial de nuestra protesta, contra el comportamiento de aquellos que, con la excusa de la falta de ayuda de la administración o la vaga disculpa del «ya no hay remedio», están desbaratando y aniquilando de buena o de mlta fe, la herencia de todos.